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Después de más de tres años de litigio, el Tribunal Supremo hizo ayer pública la sentencia que pone en un aprieto financiero al Ministerio de Fomento. El Alto Tribunal ha estimado en parte el recurso presentado por Concesionaria Española de Autopistas, encargada de explotar el corredor de peaje entre Madrid y Toledo (AP-41). La empresa, participada por Isolux, Comsa, Azvi, Sando y Banco Espirito Santo, reclamaba al Estado una indemnización de 420 millones de euros a través del reequilibrio económico-financiero de la sociedad.

FUENTE: expansión 02-06-2011

La sentencia, pionera en el sector de autopistas, genera un precedente jurídico que podría ser empleado por otras sociedades concesionarias para defenderse de su dramática situación financiera. “En estos momentos, además de la autopista Madrid-Toledo, hay otros siete peajes en España en condiciones de presentar mañana mismo concurso de acreedores”, asegura uno de los accionistas de las autopistas radiales de Madrid, en pérdidas por la fuerte caída de los tráficos y la asunción de sobrecostes de expropiaciones y de construcción.

El juez, que reconoce el derecho de la sociedad a ser indemnizada, ha decidido que el pago se determine mediante la apertura de “un expediente”. En la práctica, la empresa concesionaria y Fomento se tienen que someter a un procedimiento vigilado para fijar la cuantía de la indemnización.

La sala séptima de lo contencioso-administrativo del Supremo reconoce que la empresa ha tenido que asumir importantes pérdidas después de que el Gobierno decidiese suspender la continuación del corredor desde Toledo hasta Córdoba, pasando por Ciudad Real. Se trataba de una alternativa recogida en el pliego de condiciones diseñado por Fomento para acceder a Andalucía que la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, tumbó debido a una declaración de impacto medioambiental negativa.

La decisión de Narbona impactó en el plan de negocio de la autopista, que, desde su inauguración en 2006, no ha dejado de perder dinero. “Aunque el Supremo nos ha dado la razón, es muy probable que la sociedad se vea forzada a suspender pagos igualmente. La amenaza del rescate no ha desaparecido”, dicen los accionistas de la empresa, que han contado con los servicios de Cuatrecasas.
Los bancos que prestaron 350 millones de euros para construir el corredor, entre los que figuran Bankia y CaixaBank, siguen de cerca este proceso, ya que, si la autopista suspende pagos, no queda claro si van a recuperar el dinero prestado.

Además, la quiebra de la AP-41 podría provocar un efecto contagio entre el resto de corredores de pago, lo que dejaría en una delicada situación tanto al sistema financiero como al Gobierno, que tendría que hacer frente a la responsabilidad patrimonial del Estado: un agujero de más de 3.500 millones de euros.

Los gastos financieros de la autopista Madrid-Toledo los rondan 20 millones anuales y los accionistas han tenido que realizar varias aportaciones de capital. El peaje estaba preparado para atender una intensidad de tráfico de 17.000 vehículos al día. En la actualidad, circulan sólo 1.800 automóviles, por lo que las pérdidas ascienden a 27 millones.