Los empleados de FCC que cubren la limpieza viaria, mantenimiento de edificios municipales o jardinería en Valdemoro (Madrid) están en pie de guerra por retrasos en el pago de sus nóminas y ante la sombra de un posible ajuste laboral. Eran 325 en 2009, cuando fueron subrogados a FCC. Hoy son 45 trabajadores menos y amenazan con un paro indefinido. Sus representantes sindicales aseguran que FCC prepara 87 despidos. En este caso, el Ayuntamiento responsabiliza a la empresa, pero fuentes cercanas al contrato aseguran que la mora del consistorio con FCC alcanza los 41 millones.
Este calvario se está viviendo en centenares de municipios. La propia FCC tiene problemas en Valencia, donde planea un expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 70 de los 500 empleados que atienden la recogida de la basura. Cespa (Ferrovial) cerró 2011 con una reducción del contrato de la limpieza viaria de la ciudad navarra de Tudela, lo que se traduce en una propuesta de reducción de las jornada y sueldo de sus trabajadores para evitar despidos. Y la propia Cespa tuvo que capear una huelga de su plantilla en Alcantarilla (Murcia) a finales de enero por retrasos en los últimos seis meses en las nóminas.
Clece (ACS) o Valoriza (Sacyr), entre otras, también pueden presentar una colección de ayuntamientos que sobrepasan todos los límites en lo que toca a la morosidad. Madrid, Zaragoza, León, Valencia, Huelva, Palma de Mallorca, Alcalá de Henares y Jerez son solo algunos ejemplos de grandes ciudades en las que cobrar se ha convertido en una odisea, según afirman en la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip).
Según cálculos que maneja el sector, la deuda de los ayuntamientos españoles con las empresas privadas contratadas por servicios municipales supera los 3.000 millones (casi la mitad con más de un año de retraso en el pago), lo que tiene en jaque a unas plantillas que han adelgazado en unas 150.000 personas en los tres últimos años.
Medio millón de empleados
Datos de la CEOE sostienen que los servicios municipales contratados al sector privado para el saneamiento urbano, limpieza, jardinería, mantenimiento de edificios públicos o eficiencia energética, entre otros, dan trabajo a 490.000 personas y mueven un volumen de facturación de 12.300 millones al año. Unas cifras de empleo y actividad que vienen presentando caídas anuales cercanas al 10% desde que comenzó la crisis.
«Andalucía presenta un plazo medio de pago de 18 meses; en Levante y Madrid se van hasta los 12 meses, y las empresas cobran algo mejor en el País Vasco y Navarra», expone Francisco Jardón, presidente de Aselip. Barcelona, en la que trabajan distintas firmas de servicios, parece ser una excepción a la regla general, atendiendo las facturas de sus proveedores de servicios en 50 días. Un plazo que incumple la Ley de Morosidad (fija en 40 días el límite para los pagos de la Administración a lo largo de 2012), pero que es todo un ejemplo para el resto de grandes ayuntamientos.
En medio de esta tormenta que se ha llevado por delante unas 2.500 pequeñas empresas de servicios desde 2008, en el sector se está reclamando al Gobierno que articule un sistemas de ayudas, basado en créditos ICO, para procurar un balón de oxígeno a los ayuntamientos. Se trata de una solución similar a la impulsada la semana pasada por el Ejecutivo, por la que se ha habilitado una línea del Instituto de Crédito Oficial dotada con 10.000 millones, ampliable a 15.000 millones, para que las comunidades autónomas puedan atender vencimientos de deuda y pagar a los proveedores.