Fuente:diario sur 18/02/2013
El grupo turístico mayorista Orizonia presentará este miércoles un concurso voluntario de acreedores que incluirá un expediente de regulación de empleo (ERE) que dejará en la calle a unos 4.000 empleados, alrededor del 80% de su plantilla a nivel nacional. La compañía anunciará de forma oficial la medida en Madrid a los sindicatos. Así lo comunicó a los trabajadores de Baleares el director de la compañía, José Duato, en una reunión celebrada en Palma de Mallorca, donde Orizonia tiene su sede y emplea a unas 800 personas, explicó la secretaria de Acción Sindical de CC OO en el archipiélago, Carmen Díaz de la Jara, en conversación telefónica.
Salvo que la dirección encuentre a corto plazo algún comprador, el futuro pasa por desmantelar todas las empresas del grupo salvo la aerolínea Orbest y la sección de negocios (viajes de empresa) de las agencias Vibo. De cumplirse ese negro panorama, ni siquiera la representativa Viajes Iberia se salvaría de desaparecer. Los despidos se cebarían en los empleados de las divisiones no vendidas, de ahí que “como mucho” conservarían el puesto unas 1.000 personas. En la reunión mantenida con parte de la plantilla y con varios miembros del comité de empresa, José Duato resaltó que la situación de Orizonia es “absolutamente crítica”. No obstante, prometió que intentará salvar las nóminas del mes de febrero y pidió a los empleados que sigan acudiendo a sus puestos de trabajo.
Complejidad
Fuentes de la empresa explicaron que “ante la complejidad de buscar una solución para la continuidad de toda su actividad, derivada de la solicitud del pre-concurso de acreedores el pasado viernes, centrará sus esfuerzos en buscar soluciones que garanticen la viabilidad del mayor número de puestos de trabajo posibles”.
“La compañía concentra ya sus esfuerzos en esta línea de trabajo y confía en poder formalizar en los próximos días soluciones que den continuidad a varias de sus líneas de negocio”, insistieron estas fuentes. Orizonia solicitó el pasado viernes acogerse a la protección que le permite evitar el concurso de acreedores por un período de cuatro meses, mientras negocia con sus acreedores e inversores una salida a su difícil situación.
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