Fuente: diario sur digital, Málaga 29/01/2013
Cuatro meses de negociación ‘in extremis’ con más de una decena de bancos se han saldado en fracaso. Según ha podido confirmar este periódico, Construcciones Vera, la matriz de uno de los mayores grupos empresariales familiares y segunda constructora de la provincia, solicitó el pasado viernes ser declarada en concurso tras agotar sin éxito el plazo del preconcurso, que es la última oportunidad que otorga la ley a las empresas que entran en situación de insolvencia para cerrar un acuerdo con sus acreedores. A partir de ahora, el juzgado de lo mercantil número 2 de Málaga dirimirá su futuro y el del medio centenar de trabajadores que le quedan en plantilla, actualmente afectados por un expediente temporal de regulación de empleo.
La compañía, fundada en 1941, arrastra problemas financieros desde que empezó la crisis. Ya en 2009 alcanzó un acuerdo con 14 acreedores bancarios, encabezados por Cajamar y Unicaja, para refinanciar su deuda y obtener liquidez. Dicha maniobra le dio oxígeno de forma temporal, a cambio eso sí de vender numerosos activos. Sin embargo, pasados tres años su situación financiera ha vuelto a ser asfixiante, hasta el punto de tener que declarar su insolvencia en un juzgado. Ya cuando solicitó el preconcurso hace cuatro meses, sus responsables hablaban de una auténtica «tormenta perfecta» en su sector, caracterizada por «la paralización de la obra pública en curso, la escasez de nuevas licitaciones, la restricción del crédito bancario y las graves dificultades en el cobro a clientes». Ayer sus responsables declinaron hacer declaraciones.
Fuentes del sector elevan la deuda de Construcciones Vera con entidades de crédito por encima de los 40 millones de euros, a los que habría que sumar más de 60 millones de euros con proveedores y acreedores no financieros. La empresa, que ha estado asistida por el bufete Garrigues en la preparación de este proceso, está empeñada en salir ‘con vida’ de este proceso judicial. Por eso, junto con la solicitud de concurso ha presentado una propuesta de convenio de acreedores, para acelerar lo más posible la consecución de un acuerdo que garantice su viabilidad futura. Cabe recordar que al ser un concurso voluntario, los propietarios de la compañía conservarán sus facultades de gestión, aunque bajo la supervisión de tres administradores que tendrá que nombrar el juzgado próximamente.
El proceso concursal, que promete ser uno de los de mayor volumen y complejidad que han pasado por los juzgados malagueños, abre incógnitas referentes tanto a los proyectos de obra pública en los que participa Vera (el metro y el bulevar del AVE entre ellas) como a las numerosas ramificaciones de su actividad principal, tales como concesiones (tiene desde parkings municipales hasta servicios de transporte) y filiales (Alei, Autobuses Casado, Cementos Antequera, M-Capital o el Centro Logístico de Antequera, entre otras). A priori, el hecho de estar en proceso concursal no impide a la empresa proseguir su actividad con normalidad y sus filiales quedan ajenas a las deudas de la constructora.
ERTE en la plantilla
En los tiempos de esplendor, a principios de la década pasada, el grupo Vera llegó a tener 80 filiales y 800 empleados. De ellos, ahora quedan poco más de cincuenta, afectados por un expediente de regulación temporal de empleo que se aprobó a finales del año pasado. Dicho ERTE se compone de una suspensión total de empleo para 18 de sus empleados durante seis meses y de una reducción de jornada (y sueldo) del 40% para otros 32 trabajadores. A partir de ahora, será el juzgado el que tendrá la última palabra sobre las decisiones que puedan afectar a la plantilla de la constructora.
El próximo paso dentro del proceso que inició Vera el pasado viernes es la declaración de concurso, que deberá emitir el juzgado mercantil número 2 en los próximos días. Después se abrirá un plazo para que los acreedores comuniquen sus deudas.
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